Por:
Martha Villalba H.
Representante a la Cámara
Departamento del Atlántico
Hoy, como todos los años, le rindo cuentas de mi gestión legislativa, período 2020 – 2021 al país, y en especial, a los atlanticenses. Pese a que no fue un año fácil a raíz de la pandemia sacamos adelante el acto legislativo de Prisión Perpetua, posteriormente se sancionó la ley que lo reglamenta, constituyéndose así en una ley garante de la no vulneración y protección de los derechos de nuestra niñez.
Esta fue una legislatura muy significativa, sobre todo porque desde la virtualidad; así como desde la presencialidad, logramos avanzar en temas de gestión, trabajo en la región, iniciativas legislativas, debates de control político, mesas de trabajo y el desarrollo de ponencias de grandes proyectos en los que he sido coordinadora y ponente.
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE MI AUTORÍA
· Acto Legislativo de Prisión Perpetua. Consagra la pena de Prisión Perpetua en nuestra Constitución, adoptando un nuevo modelo en el orden normativo. Modifica el artículo 34 Superior y rompe con 150 años de tradición jurídica en el rechazo de imponer penas de prisión perpetua que supuestamente vulneraban la dignidad humana. Lo más importante es que Colombia entra en la onda de otros países de privilegiar los derechos de niñas, niños y adolescentes por sobre todos los demás, tal como se deriva del mandato de pactos internacionales de derechos humanos y de los niños.
LEYES DE MI AUTORÍA
· Ley que reglamenta la Prisión Perpetua para violadores y asesinos de niños. Esta ley es la materialización de muchos años de persistencia y trabajo mancomunado. Reglamenta los tres elementos esenciales que caracterizan la modificación introducida por el acto legislativo 01 de 2020 al artículo 34 de la Constitución frente a la imposición de la prisión perpetua: su condición excepcional; el control automático de la pena ante el superior jerárquico-doble conformidad; y la revisión de la pena en un plazo mínimo de 25 años, para evaluar la resocialización del condenado.
· Código Electoral. Construimos un proyecto actualizado, de frente a los colombianos, en el que participaron todos los sectores a los que este tema involucra y se brindaron garantías.
· Puerto Colombia en la Jurisdicción de Cormagdalena. Con esta ley se busca que el municipio sea incluido en la jurisdicción de esta entidad con el fin de que se compensen los daños y gastos ocasionados por la contaminación derivada del río Magdalena.
· Ley de Emprendimiento. Iniciativa que respaldé y quellega en un momento clave y de vital importancia para fortalecer sectores que se han visto afectados en el marco de la pandemia. Busca actualizar la normativa alrededor del emprendimiento con el fin de facilitar esta actividad económica en el país, mejorar sus condiciones, promover la creación de empresas y facilitar el funcionamiento de las Mipymes.
· Ley Delitos Sexuales No Prescriptibles.Por medio del cual se declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237 de la Ley 599 de 2000, cometidos en menores de 18 años.
· Ley Reactivarte. El sector Cultura ha sido uno de los más afectados con la pandemia, es por ello que con esta ley buscamos su reactivación económica a través de un fondo especializado que permita financiar proyectos y generar empleo.
· Ley General de Turismo. Me honra haber apoyado y haber sido ponente de esta importante iniciativa que permitirá introducir nuevos criterios de sostenibilidad en la prestación de los servicios turísticos, a tono con los esquemas que a nivel internacional se vienen desarrollando.
PROYECTOS DE MI AUTORÍA
· Banco de Datos Genéticos. ‘Por medio de la cual se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos vinculados a la Comisión de Delitos Violentos de alto impacto’. Con esta iniciativa se tendría un sistema de control genético sobre las personas que han cometido delitos de este tipo y sobre los cuales se pueda generar prevención y condena.
· Ingreso Mujer. Es hora de resarcir la deuda histórica que el Estado tiene con las Mujeres Cabeza de Familia, principalmente las que tienen a su cargo personas con discapacidad.
· Costos Pecuniarios. Busca reducir los costos que los estudiantes de las instituciones universitarias públicas y privadas deben pagar por concepto de inscripciones, matrículas, exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios, derechos de grado, expedición de certificados y constancias, entre otros.
· Loa de Baranoa. Busca declarar Patrimonio Nacional Inmaterial La Loa de los Santos Reyes Magos de Baranoa (Atlántico). Este es el primer paso para darle un merecido reconocimiento y resaltar el valor cultural y religioso de esta tradición.
· Educación Emocional. Este proyecto tiene como fin promover la educación emocional en las instituciones de educación formal del territorio nacional, reconociéndola como un elemento esencial del desarrollo integral de la persona, más allá de lo cognitivo.
· Puerto Colombia como Distrito. Celebro que una iniciativa tan importante para el desarrollo y la competitividad de este municipio, que se visiona estratégicamente en materia turística en el departamento del Atlántico, haya sido aprobada en primera vuelta. Nuestro compromiso es seguir defendiendo esta iniciativa, en los cuatro debates que le restan.
· Cláusula de Permanencia. Busca prohibir la cláusula mínima de permanencia en los servicios de internet, telefonía fija y televisión por suscripción
· Zonas Marinas y Costeras. Surge como respuesta a las problemáticas que se están presentando a lo largo de las zonas costeras, marinas e insulares, principalmente aquellos conflictos generados por el mal manejo que se le está dando a los residuos sólidos, los cuales llegan a los mares y océanos cuando las aguas continentales desembocan en ellos.
· Consumo Básico de Subsistencia en Servicios de Energía y Gas. Lo que buscamos es aumentar el rango de subsistencia actual en un 25% a los servicios de energía eléctrica y gas combustible hasta el 31 de diciembre del año 2023, para que de esta manera se le conceda un subsidio acorde a la normativa constitucional sobre el consumo a los hogares de menores ingresos, es decir, a los de los estratos 1,2 y 3.
